250 años de independencia y persiste la ingratitud hacia los inmigrantes

Estados Unidos conmemora este 4 de julio 250 años de su independencia en medio de uno de los momentos más complicados de su historia reciente. No se trata únicamente de una nación política e ideológicamente dividida, sino de un gobierno republicano enfrascado en una lucha sin cuartel contra los inmigrantes y las minorías que han sido y son protagonistas indispensables de la historia y el progreso de este país.

Uno de esos ataques del presidente Donald Trump fue eliminar por orden ejecutiva la ciudadanía por derecho de nacimiento a bebés de padres indocumentados, algo que la Corte Suprema rechazó en votación 6-3 este martes. 

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la 14a Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, y establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. 

El juez presidente, John Roberts, escribió a nombre de la mayoría que “la ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a “toda persona nacida libre en esta tierra”. Hoy mantenemos esa promesa”.

Trump prometió seguir intentándolo mediante legislación.

Su gobierno también busca minar el proceso electoral manipulando distritos para eliminar escaños de legisladores de minorías para sustituirlos por republicanos anglosajones. La Corte Suprema pulverizó las protecciones a los votantes de minorías contemplados en la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Y qué decir de los constantes y falsos reclamos de Trump de que el fraude electoral es rampante y que los no ciudadanos votan ilegalmente. 

Bajo ese argumento prevalece la amenaza de desplegar militares y agentes migratorios en los centros de votación durante las elecciones intermedias del 3 de noviembre, aunque sea ilegal hacerlo. Pero la idea es, desde ya, intimidar a los votantes de color y ciudadanos naturalizados.

Estados Unidos es una nación moldeada por oleadas de inmigrantes a través de toda su historia. La mano de obra de esos inmigrantes ha dejado una profunda huella. Se ha usado y explotado cuando conviene, y se les ataca y demoniza cuando es políticamente rentable, como en el caso de Trump y su base MAGA.

Todos los inmigrantes contribuyen grandemente a la economía con su mano de obra en industrias clave, pero también mediante el pago de miles de millones de dólares en impuestos sobre ingresos, ventas y propiedad. Contribuyen comprando propiedades, otros bienes, productos y servicios. Abren sus propias empresas y emplean estadounidenses. Han ofrendado sus vidas en diversas guerras.

Y en el caso de los indocumentados, mantienen la solvencia de programas a los que aportan, como el Seguro Social y el Medicare, aunque no pueden beneficiarse de ellos por su situación migratoria.

La semana pasada la Corte Suprema asestó un duro golpe al TPS de haitianos y sirios al permitir que proceda la cancelación ordenada por Trump. Pero el fallo afecta a los 1.3 millones de beneficiarios del programa que les concede permiso de trabajo y protección de la deportación. 

Al remover esas protecciones son vulnerables a ser detenidos y deportados, pero Estados Unidos y los estados y ciudades donde residen, salen perdiendo al dejar de recibir los $29 mil millones de dólares que aportan cada año a la economía, y los casi $8 mil millones que pagan en impuestos federales, estatales y locales combinados.

También ocurre con los beneficiarios de DACA a quienes Trump también quiere desproteger e incluso ha deportado. Según un reporte de FWD.us, “los Dreamers ya aportan $76 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense a través de sus salarios, y pagan casi $24 mil millones de dólares anuales en impuestos federales, sobre nómina, estatales y locales combinados”.

“Sólo en 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron $46,800 millones de dólares en impuestos federales y $29,300 millones de dólares en impuestos estatales y locales”, según el American Immigration Council.

El gobierno desprecia estos aportes pero gasta $240 mil millones de dólares en su maquinaria de detenciones y deportaciones violentando derechos y desviando fondos y personal de agencias clave para realizar labores migratorias.

Trump ha reducido la inmigración autorizada, ha minado las leyes de asilo, la política sobre refugiados y las visas de trabajo H-1B.  La intención es frenar el ingreso de inmigrantes de color. 

Pero la reducción en la inmigración no supone buenas noticias para Estados Unidos.

Y es que en este aniversario de la independencia, cuando la inmigración y los inmigrantes están bajo ataque, quienes apoyan las políticas antiinmigrantes de Trump deben tener mucho cuidado con lo que desean. Porque el progreso, la competitividad y la estabilidad económica de Estados Unidos dependen en gran medida de esas manos migrantes que ahora vuelven a rechazar.